El Defensor del Pueblo interviene ante el bloqueo «punitivo» del Ministerio del Interior contra Razón Común

La institución confirma la solidez de las pruebas aportadas y abre un expediente oficial por obstruccionismo y falta de auxilio al ciudadano tras meses de parálisis intencionada.

En el día de hoy, 25 de marzo de 2026, la institución del Defensor del Pueblo ha confirmado la admisión a trámite de la queja presentada por Razón Común. Es imperativo subrayar que esta admisión no es un mero formalismo: es la validación técnica de que las pruebas documentadas por esta formación son suficientes, consistentes y graves. Si no se hubieran aportado evidencias irrefutables de irregularidades, la queja habría sido rechazada.

Tras analizar la exhaustiva documentación, el organismo entiende que existen motivos de peso para investigar al Registro de Partidos Políticos y al Ministerio del Interior por vulnerar derechos fundamentales y actuar con una opacidad impropia de un Estado de Derecho.

🚩 Las 7 pruebas del bloqueo institucional que han forzado la investigación

Aunque tras una lucha administrativa sin cuartel Razón Común ya dispone de su CIF, la admisión a trámite se sustenta en el historial de irregularidades detectadas durante el proceso de fundación. Estas pruebas demuestran que el sistema no estaba «atascado», sino que estaba bloqueando activamente el nacimiento de este proyecto:

1. Falsedad en las Notificaciones: Se ha documentado cómo la Administración alegó haber enviado notificaciones electrónicas a personas que no disponen de certificado digital, lo cual es un imposible técnico. El Ministerio simuló trámites para ganar tiempo de forma fraudulenta.
2. Desaparición de la Trazabilidad: El Ministerio ha sido incapaz de aportar números de registro de salida o localizadores de Correos para las supuestas comunicaciones físicas. Técnicamente, si no hay localizador, la comunicación nunca existió.
3. Hostilidad y Desprecio Profesional: Constan llamadas realizadas desde identificadores extranjeros (como Filipinas) para evitar el rastro oficial. Además, un alto cargo calificó por escrito las peticiones de operatividad de Razón Común como una «pérdida de tiempo», vulnerando el deber de servicio público.
4. El Intento de «Muerte Civil Operativa»: El bloqueo intencionado del CIF situó a Razón Común en una situación de indefensión legal durante meses. Sin este identificador, se impidió al partido cumplir con la Ley de Protección de Datos (LOPD) o abrir cuentas bancarias, asfixiando nuestra operatividad desde el minuto uno.
5. Incumplimiento de Plazos Prometidos: Tras asegurar el 19 de diciembre de 2025 que el trámite sería inmediato, el Ministerio impuso una parálisis de más de 40 días sin justificación, rompiendo el principio de confianza legítima.
6. El «Círculo Vicioso» con la AEAT: Se ejecutó una maniobra de bloqueo técnico al remitirnos a la Agencia Tributaria para obtener el NIF mientras se retenía el Certificado de Inscripción necesario para ello. Una táctica de «tierra quemada» para dejarnos en un limbo legal y financiero.
7. La Dilación Punitiva como Desviación de Poder: Se documentó la intención explícita de la Administración de agotar los plazos máximos no por carga de trabajo, sino como «castigo» ante nuestras reclamaciones. Usar la ley para hostigar al ciudadano es una desviación de poder manifiesta.

🏛️ Conclusión: El miedo al dato

Esta admisión a trámite es la prueba de que la clase política tiene pánico a un modelo que no pueden controlar con ideología. Han intentado usar el Ministerio del Interior como un fortín privado, pero las pruebas de Razón Común son ahora un expediente oficial que el Gobierno tendrá que explicar ante el Defensor del Pueblo, la Comisión Europea y el Consejo de Transparencia.

«No buscamos favores, buscamos que la Administración sea eficiente y cumpla la ley. Si los políticos no son capaces de gestionar un registro, ¿cómo van a gestionar un país?»